jueves, 20 de agosto de 2009

El pecado de Gerardo Priego Tapia


La devolución de más de un millón de pesos que hizo el diputado panista Gerardo Priego a las arcas públicas por el canje de boletos de avión por dinero en efectivo, molestó a sus pares del PRI y PAN.

El panista Juan José Rodríguez Prats lanzó incluso una acusación en contra de Priego, por supuestamente haber pedido hace nueve años, 100 mil dólares para aceptar ser candidato del PAN a la gubernatura de Tabasco.

“Luis Felipe Bravo Mena era el presidente del PAN y fue una comida en el Bellinhausen con José González Morfín (actual senador), René Meseger y yo, inclusive en mi desbordamiento hasta dije —porque no había asumido todavía el cargo de Senador— yo dono los seis primeros meses de mi sueldo, que después mi mujer por poco y me corre, porque dijo: ¿o van a pensar que tienes mucho dinero y si te aceptan de qué vamos a comer? Y él pedía esa cantidad”, dijo el panista, originario también de Tabasco.

En tanto el priísta César Duarte sostuvo que la acción de Priego es “ligera” y “protagónica”; a pesar de que el legislador solicitó en el Comité de Administración boletos de avión adicionales para el traslado de ocho de sus colaboradores a Chihuahua.

Priego respondió que ya sabía que la devolución del millón de pesos provocaría molestia y frustración en algunos de sus compañeros, incluso de bancada.

Duarte y Rodríguez no dieron montos de lo que usaron por concepto de boletos de avión en los tres años.

Se molestan los colegas

La devolución de recursos públicos por parte del diputado panista Gerardo Priego Tapia, por concepto de boletos de avión no utilizados a su paso por la 60 Legislatura, desnudó a la clase política mexicana, en opinión de legisladores que –en corto– aplaudieron esta iniciativa, y comentarios acres de quienes se sintieron agraviados.

Durante la sesión de la Comisión Permanente (ayer miércoles) sólo ví caras largas, comentó el diputado Priego. Ahí, un encolerizado Juan José Rodríguez Prats, compañero de bancada y paisano del tabasqueño Priego, lo llamó a devolver su salario por no haberlo devengado, y recordó que en 2000, cuando se le propuso a Priego ser candidato del blanquiazul al gobierno de Tabasco, éste condicionó su participación a la entrega de poco más de un millón de pesos.

El 7 de julio de 2000, teníamos que postular a un candidato a la gubernatura de Tabasco y nos reunimos con el entonces presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena; también estaba el hoy senador José González Morfín y un servidor, queriendo convencerlo (a Priego) él pedía 100 mil dólares por ser candidato a la gubernatura, afirmó en conferencia de prensa Rodríguez Prats.

Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, calificó de protagonismo innecesario la denuncia de su colega Gerardo Priego e informó que los diputados que viven 300 kilómetros más allá de la ciudad de México tienen derecho a transportación aérea; desde ese punto de vista él (Priego) puede hacer matemáticas y sumas; está considerado un gasto que debe generar las facilidades a los legisladores para que se transporten a sus lugares de origen y atiendan sus distritos.

Entrevistado luego de la ceremonia en la que la UNAM reconoció a más de una treintena de diputados que cursaron estudios de maestría en esa casa de estudios, Duarte consideró que Priego hizo esas afirmaciones debido a un protagonismo particular y un interés por sobresalir. No sé si haya atendido al estado de Tabasco y en qué condición haya dado seguimiento a las gestiones de su estado, dijo. Apuntó que los legisladores permanentemente viajan, no se quedan en el Distrito Federal, y (el cupón para viajes aéreos) no se les da a quienes viven en la zona metropolitana, probablemente el diputado nunca haya salido de aquí”.

El diputado Juan José Rodríguez Prats afirmó que el panista Gerardo Priego además de regresar el dinero por la devolución de boletos de avión, también debió haber devuelto la dieta que percibió en tres años "pues su trabajo fue deficiente".

En entrevista, el también diputado del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que los recursos que regresó Priego Tapia a la Cámara de Diputados son apoyos que vienen con el cargo y forman parte del sueldo que se devenga en los tres años en el cargo.

Por ello, criticó al legislador por Tabasco por devolver el numerario y lo acusó de no tener autoridad moral para hacer esos señalamientos, pues "hace muchos años cuando se intentó convencerlo para que fuera candidato a gobernador de su entidad pidió 100 mil dólares para ser el aspirante panista".

Rodríguez Prats precisó que los apoyos como boletos de avión que reciben los diputados "nos permiten realizar mejor nuestro trabajo y lamentó mucho" que su homólogo haya asumido dicha posición pues además criticó a diputados que no regresaron ningún dinero.

"Si le sobra el dinero lo pudo haber obsequiado a los tabasqueños y haber hecho cosas allá, lo que hubiera sido una inversión más útil", subrayó.

El también legislador tabasqueño dijo que si Gerardo Priego "siente que no devengó el sueldo, allá él, es su problema y su decisión individual, aunque su desempeño legislativo fue muy deficiente".

Por separado, el vocero de los senadores del PRI, Carlos Jiménez Macías, indicó que los integrantes de su bancada utilizan los boletos de avión, pues están incluidos en los acuerdos que se toman en la mesa directiva y no se trata de ningún exceso ni abuso.

Pese a ello admitió que se requiere más transparencia y claridad para que la sociedad conozca en qué consisten los diversos apoyos que se dan a los legisladores.

Dichas ayudas forman parte del presupuesto y no se trata de medidas anormales y irregulares, sentenció el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

jueves, 13 de agosto de 2009

Acteal: Cronología de injusticias, mentiras e impunidad




Hace 11 años, seis meses y 15 días que en el poblado de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, se perpetró una masacre que dejó 45 indígenas muertos, la cual convulsionó la política de aquella época y abrió una herida que todavía no cierra en ese poblado.

También desató un polémico debate sobre qué fue lo que pasó en aquel rincón de México, donde pensadores se han enfrascado en acusaciones sobre la veracidad de sus dichos. Mientras que una parte señala que el asesinato de aquellas persona fue por una fallida estrategia paramilitar, otros tratan de minimizar el alcance del conflicto, para dejarlo en un mero pleito comunitario.

22 de diciembre de 1997. Un grupo armado -presuntamente conformado por más de 100 personas- mató a 45 indígenas tzotziles: 18 niños, 22 mujeres y 6 hombres. Según la versión oficial, difundida por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, se atribuyó el ataque a disputas entre grupos locales tras formarse Concejo Municipal Autónomo de Polhó.

La otra versión, de los habitantes, es que su simpatía por la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) derivó en que el gobierno, en sus tres niveles, organizara grupos paramilitares para hostigar a la población y rebelde, y posteriormente causar enfrentamientos para poder justificar el ataque en contra de los zapatistas.

3 de enero de 1998. Emilio Chuayffet Chemor renunció a la Secretaría de Gobernación. Fue remplazado por Francisco Labastida Ochoa, quien a la postre sería candidato presidencial priista en la elección de 2000, cuando ganó Vicente Fox.

5 de enero de 1998. Carlos Marín, en ese entonces reportero de la revista
Proceso, reveló la existencia de un plan de contrainsurgencia militar para crear conflictos sociales, como también para provocar la inducción de desplazamiento de poblados.

7 de enero de 1998. Julio César Ruiz Fierro, gobernador interino chiapaneco, renunció a su cargo, el cual fue asumido por Roberto Albores Guillén. A Ruiz Fierro se le atribuye la siguiente declaración: “Mi presidente (municipal de Chenalhó, Mariano Arias) no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos”

20 de diciembre de 1999. Legisladores chiapanecos pidieron ayuda a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) para que los implicados políticos sean sancionados.

20 de diciembre de 2000. El subcomandante Marcos, líder visible del EZLN, señaló en un comunicado, a propósito del ataque contra indígenas que "al contrario de lo que dice la profusa campaña publicitaria gubernamental, nada ha cambiado. Nada hay en Chiapas que permita asegurar que Acteal no se repetirá".

27 de diciembre de 2006. La Fiscalía General de Justicia de Chiapas anunció la creación de una instancia para reactivar las investigaciones del caso Acteal.

24 de agosto de 2007. Dos de los encarcelados por la matanza revelaron la ubicación de las armas que fueron usadas durante el ataque. “Nos duelen los inocentes, por eso decidimos confesar”, señalaron.

4 de octubre de 2007. Condenaron a 34 indígenas a 26 años de prisión, de los cuales sólo dos aceptaron haber sido autores materiales del asesinato colectivo.

20 de noviembre de 2007. Murió Antonio Vázquez Secum, quien según el
libro blancoelaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó apoyo a hombres armados de la comunidad Los Chorros para ultimar a 45 indígenas de Acteal, en venganza por el asesinato de su hijo Agustín Vázquez, el 17 de diciembre de 1997.

27 de diciembre de 2007. Antonio Santiz López, presunto autor del ataque, fue exonerado de los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

30 de enero de 2008. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), señaló que existe una responsabilidad del Estado por la masacre. “Sabemos, como dicen los propios documentos oficiales, que los militares organizaron a civiles para que sirvieran como apoyo para enfrentar a grupos disidentes. A partir de esas evidencias sostenemos que hay impunidad”, indicó.

2 de agosto de 2009. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso Acteal porque se trata de un asunto que "reviste un interés superlativo, reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia o bienestar".

6 de agosto de 2008. Noé Maza Albores, fiscal del caso, fue removido de su cargo, cuando los expedientes de los inculpados por las muertes eran revisados por la Suprema Corte. Familiares y sobrevivientes de la masacre aseguraron que habían recibido amenazas de parte de Maza.

12 de junio de 2009. Integrantes del Comité de Familias y Amigos de los Inocentes Presos por el Caso Acteal demandaron libertad para los inculpados que se encuentran detenidos en el penal de El Amate, en Chiapas, acusados de ser los autores de la masacre ocurrida.

5 de agosto de 2009. La Corte dictamina que hubo manipulación del sistema de justicia a favor del Estado.

6 de agosto de 2009. La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que en el caso Acteal presentó en su momento pruebas “sólidas y suficientes” que los jueces avalaron y en consecuencia emitieron una sentencia, sin embargo, aseguró que respetaría cualquier postura en el sentido contrario.

7 de agosto de 2009. El Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene la obligación constitucional y legal de acatar las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si como se ha informado su resolución en el caso Acteal deja en libertad a los acusados, señaló el presidente del organismo, Juan Gabriel Coutiño.

8 de agosto de 2009. La inminente liberación de los indígenas presos por la matanza de la ermita de Acteal, es desconocida aún por sus familiares en esta comunidad tzotzil de los Altos de Chiapas, que no ha logrado superar el odio y el rencor

10 de agosto de 2009.Organizaciones cristianas evangélicas agrupadas en Confraternice hicieron un llamado al obispo Samuel Ruiz y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas para que dejen de perseguir a los indígenas tzotziles presos desde hace casi 12 años, acusados de la masacre de Acteal.

11 de agosto de 2009. Ante una inminente liberación de los detenidos en Acteal, existen protestas:“Estamos absolutamente indignados y rechazamos que los autores de la matanza queden libres”, manifestó Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de la sociedad civil Las Abejas, en nombre de los familiares y sobrevivientes de los 45 indígenas asesinados el 22 de diciembre de 1997.

12 de agosto de 2009. La Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de 20 de los indígenas presos por la matanza de Acteal, ya que sus sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República.

20 personas liberadas

Veinte personas fueron liberadas hoy de una cárcel en la que cumplían condena por una matanza ocurrida en 1997 en Acteal, en el sur de México, en la que tanto los condenados como las 45 víctimas eran indígenas, después de que la Corte Suprema declarara nulo el proceso.

Los detenidos, que llevaban cerca de once años tras las rejas, salieron en plena madrugada de la prisión federal de El Amate, ubicada en la ciudad de Cintalapa, a unos 250 kilómetros de Acteal y unos 65 al oeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, informaron a la prensa sus abogados.

Mujeres e hijos de algunos de los liberados les esperaron a su salida, que se produjo de forma intempestiva para evitar el acoso de los periodistas.

La excarcelación de los condenados fue anunciada por un grupo de diez abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que llevan su defensa, a las puertas del presidio.

Los letrados explicaron que tuvieron una confrontación verbal con los responsables del penal para conseguir la liberación de los condenados, pese a que su puesta en libertad debía ser inmediata, según el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Supremo decidió ayer suspender las sentencias contra veinte de los más de setenta condenados por la matanza de Acteal tras encontrar irregularidades en el proceso, como la falta de la traducción al español para los inculpados.

Además, según versiones de prensa, solamente nueve de los detenidos confesaron haber participan en el crimen, entre ellos ninguno de los hoy liberados.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por presuntos paramilitares, también indígenas, que acabaron con la vida de 45 miembros de la comunidad de 'Las Abejas' (21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos), en el contexto del conflicto zapatista que había estallado casi cuatro años antes.

La tragedia forzó la renuncia en el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del entonces secretario de Gobernación (Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el autor intelectual de la masacre.

Nueve personas fueron arrestadas por la matanza el mismo mes de diciembre de 1997 y en junio de 1999 las autoridades informaron de que ya habían sido detenidas cien personas gracias a las órdenes de aprehensión dictadas en 1998. A día de hoy quedan 26 de esas órdenes sin ejecutar.

'Estas personas regresan con una actitud de paz, quieren ver a sus familias, quieren retomar su vida', afirmó uno de los abogados, Javier Cruz Angulo, ante las versiones de organizaciones sociales que apoyan a las 45 víctimas de la masacre sobre un posible rebrote de la violencia en Acteal.

Según Cruz Angulo, 'no puede haber peligro para el tejido social, porque el tejido social fue desgarrado hace doce años, cuando se les encarceló, alejándolos de sus familias'.

'Regresan para rehacer sus vidas. No llevan ánimo de revancha. Creo que no hay nada que temer', afirmó.

Los indígenas salieron a bordo de varios vehículos, no declararon nada y se espera que en las próximas horas regresen a sus comunidades.

Habla un ex obispo

Que no cese la lucha y la resistencia digna por la justicia, exhortó Fray Raúl Vera López a los indígenas que fueron víctimas de la matanza en Acteal y que ahora enfrentan la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al liberar a 22 de los responsables por este hecho.

Como en otras ocasiones, el que fuera obispo coadjutor en San Cristóbal, aseguró que el asunto de la culpabilidad de los paramilitares no está en discusión, no está en duda porque “fueron identificados por el pueblo”.

“Los paramilitares no sólo actuaron en Acteal, eran conocidos porque que las acciones que precedieron a la masacre de Acteal rebasan los 20 eventos, además, eran personas conocidas porque eran de esas comunidades”, dijo.

Afirmó que la estrategia de la paramilitarización obedece a una acción contra insurgente llevada por el Gobierno Federal con la participación del Ejército Mexicano y el Gobierno Estatal.

“Fue un crimen de asociación criminal y hasta la fecha no se quiere indagar quién los asoció, quien los armó, quién lo pagó”, dijo.

Esta acción, dijo , se entiende “dentro del encubrimiento que terminó con esa estrategia contra insurgente y que tuvo como consecuencias asesinatos, desaparecidos y el desplazamiento de mucha gente que vive de manera inhumana”. Acusó al Gobierno Federal de no importarles la desaparición de personas en la masacre y dijo que esta acción de la Suprema Corte de Justicia se “inscribe dentro de este proceso de encubrimiento de los verdaderos autores de estos crímenes”. Declaró que el peligro no está en “quienes defienden los derechos humanos en el país”, a quienes hizo ver que “deben tomar esta acción como una advertencia”. “Ellos, los magistrados, nos están diciendo que quien se quiera asociar con un grupo armado tendrá la protección”. Acotó: “En este país no hay justicia, ahí están los defensores de los criminales, además, ganando unos salarios muy altos”.

Masacre de Acteal

Perpetrador: Grupo Paramilitar actuante en Chenalhó

Localidad: Comunidad de Acteal

Municipio: Chenalhó

Hechos:

El lunes 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente 300 personas se encontraban reunidas en la Ermita de Acteal, realizando una jornada de oración y ayuno por la paz en el Municipio de Chenalhó, dada la violencia desatada en la zona y los rumores de ataques por parte de los paramilitares. Dichas personas eran integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas, en su mayoría desplazados que habían llegado al campamento de Acteal buscando refugio.

Alrededor de las once de la mañana, un grupo de hombres armados con machetes, cuchillos y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, arribó a la Ermita. Dichos paramilitares rodearon la ermita y dispararon contra la gente que se encontraba afuera y en el interior, los desplazados salieron huyendo hacia la parte baja de la Ermita, escondiéndose en las zanjas y entre los árboles; sin embargo, los agresores los encontraron por el llanto de los niños y ahí mismo los masacraron.

SÍNTESIS: PROCESOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS

PATRONES

Sobre funcionarios públicos procesados: 15 fueron procesados, las condenas van de 3 a 36 años de prisión. 2 ordenes de aprehensión por ejecutar.

Sobre civiles indígenas procesados (87) En libertad y fallecidos: 6 absueltos 2 condenados y liberados por razones de humanidad 1 fallecido

Detenidos 27 con sentencias firmes, condenados a 35 y 40 años de cárcel. 50 sentenciados en proceso de apelación, la condena es a 26 años de cárcel y reparación de daños. 2 procesados en espera de sentencia por reposición de procedimientos. 27 órdenes de aprehensión contra civiles indígenas. 57 recurrieron al amparo y a sólo 22 se les dictó la libertad hoy 12 de agosto.

Con información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casaswww.frayba.org.mx

miércoles, 12 de agosto de 2009

En Mexico, la cárcel es el segundo "hogar" para criminales


Cuando 53 reos escaparon de un penal en Zacatecas en mayo pasado, se dijo que un comando armado ligado a Los Zetas estuvo al mando de la operación, sin embargo, posteriormente se descubrió que los guardias del penal participaron en la liberación.

Un video de la fuga muestra que los vigilantes no sólo no opusieron resistencia para permitir el escape, sino que además, montaron un espectáculo para fingir que habían sido maniatados y engañados.

El diario The New York Times publica en su edición del martes 11 de agosto, que el sistema de cárceles mexicanas representa un eslabón débil en la cadena de lucha contra el narcotráfico.

Las prisiones mexicanas, describe el rotativo, son lugares en los que los capos de la droga encuentran nuevas bases de operación para llevar a la cima sus imperios criminales y reclutar operadores.

Una muestra de que el sistema tiene diversos defectos, es que el Gobierno mexicano extradita a Estados Unidos el mayor número posible de narcotraficantes, para evitar que les sea más difícil escapar.

Por lo tanto, según The New York Times, el Gobierno estadounidense destinará cuatro millones de dólares para apoyar la reparación de las cárceles mexicanas.

El caso de Zacatecas es sólo una muestra de los diversos errores que existen en el sistema penitenciario de México, pero sobre todo, de la fuerza que tienen los cárteles de la droga para controlar diferentes zonas del país.

The Washington Post publicó este martes que Michoacán es una de las entidades en donde el Gobierno federal cada vez pierde más capacidad para proteger a la gente de asesinatos, secuestros y extorsiones relacionadas con el tráfico de drogas.

El diario publica que si bien el presidente Felipe Calderón desplegó el mes pasado 5,500 soldados en la zona para frenar el avance del cártel de La Familia, la población no cree que poner un soldado en cada esquina sea la solución para llevar paz a su estado.

Más pruebas

Las cámaras de vigilancia captaron toda la escena: los guardias observaron con indiferencia mientras 53 presos -muchos de ellos asociados con uno de los carteles más notorios de México- salían de sus celdas y se marchaban en los vehículos que los esperaban.

El video muestra que los guardias sólo desenfundaron sus armas después de que los presos habían partido. Esta descarada fuga, que ocurrió en Zacatecas, sin que se disparara un solo tiro, es tan sólo uno de los flagrantes ejemplos que revelan cómo el atestado y cruel sistema carcelario mexicano representa un fundamental pero débil eslabón de la lucha contra el narcotráfico.

En las prisiones mexicanas, tal como describieron presos y carceleros, los narcotraficantes encuentran una nueva base de operaciones para sus imperios criminales, reclutan secuaces y consiguen, con sobornos, vía libre para escapar.

El sistema es tan corrupto que el gobierno extradita un número récord de narcotraficantes a Estados Unidos, donde les resulta más difícil intimidar a testigos, continuar sus operaciones o escaparse.

La última fuga fue el pasado fin de semana, cuando un sospechoso narcotraficante desapareció de una prisión de Sinaloa durante una fiesta para reclusos. Ahora, el gobierno considera la posibilidad de aislar a los narcodelincuentes de los presos comunes para reducir las posibilidades de que cometan abusos.

Como parte de su programa de lucha antidroga, la Casa Blanca comprometió este año 400 millones de dólares para ayudar a restablecer el sistema carcelario mexicano. Expertos de prisiones estatales norteamericanas empezaron a entrenar a guardias mexicanos.

Aunque las cárceles mexicanas se autodenominan Centros de Rehabilitación Social, "universidades del delito sería un nombre más adecuado para ellas", opinó Pedro Héctor Arellano, director del programa comunitario de cárceles de la iglesia episcopal en México.

Las cárceles del país están repletas: tienen capacidad para 172.151 internos, pero albergan a 50.000 presos más. Y cada día llegan más como consecuencia de la lucha contra la droga emprendida por el gobierno del presidente Felipe Calderón.

En el interior de las cárceles, los presos llevan la batuta. Algunos adinerados pagan por tener la llave de su celda. Cuando la vida en la prisión, con su pizza a domicilio, prostitutas y fiestas, empieza a resultarles encerrada, los prisioneros a veces les pagan a sus carceleros para conseguirse una licencia afuera o directamente para fugarse.

"Nuestras cárceles son, ante todo, un negocio", dijo Pedro Arellano Aguilar, experto en prisiones. "Allí todo está en venta, y se puede comprar cualquier cosa." Para los ricos barones de la droga, la vida en la cárcel suele ser una continuación de la animada vida que llevaban en libertad. Los presos los admiran. Los guardias suelen convertirse en sus empleados.

Miguel Caro Quintero, un narco buscado en Arizona y Colorado, fue condenado a 10 años de prisión en México. Cuando cumplió la pena, fue enviado a Estados Unidos.

La vida en el Pabellón Número 9 del Reclusorio Preventivo Oriente, donde están encarcelados muchos de los principales narcos, revela el poder de los presos influyentes. Ellos usan ropa de diseño y disfrutan de las visitas frecuentes de sus novias y tienen televisores enormes en sus celdas, según declararon los fiscales federales.